EL COSTE OCULTO DEL TURISMO EN LOS MUNICIPIOS 
Artículo publicado por Plataforma Brihuega 25/07/2025      

Cada verano, pequeños y medianos municipios, reciben una avalancha de turistas que duplican o triplican temporalmente su población habitual. Aunque esta masificación trae consigo ingresos para algunos sectores locales, también genera un conjunto de gastos que plantean una pregunta clave: ¿quién debe pagarlos?

En pueblos de unos 3.000 habitantes, las infraestructuras están pensadas para su población fija, no para soportar a miles de visitantes. Esto se traduce en una presión extraordinaria sobre servicios esenciales: limpieza viaria, recogida de basuras, atención sanitaria, instalación de baños públicos, mantenimiento de espacios naturales y necesidad urgente de aparcamientos disuasorios.

A menudo, estos servicios deben reforzarse significativamente durante la temporada alta, lo que implica contratar más personal, alquilar equipamiento extra y aumentar los costes municipales.

El problema es que estos gastos, que pueden representar hasta un 30% más en el presupuesto anual del municipio durante los meses de mayor afluencia, se suelen cubrir con los impuestos de todos los vecinos, se beneficien o no del turismo.

Esta situación genera malestar entre quienes ven cómo se deterioran los servicios que pagan durante todo el año, mientras algunos negocios —hoteles, bares, tiendas de souvenirs— incrementan sus beneficios sin asumir una cuota proporcional al impacto económico que provocan.

Algunas voces proponen que sean los turistas quienes costeen parte de estos gastos a través de tasas turísticas, como ya ocurre en muchas ciudades europeas. Otras plantean gravámenes específicos a los negocios turísticos. Sin embargo, estas medidas suelen enfrentar resistencia por temor a disuadir visitantes o dañar la economía local.

Los Ayuntamientos, por su parte, muchas veces carecen de recursos para afrontar en solitario estos costes, sobre todo en municipios pequeños con presupuestos limitados. Mientras tanto, la presión sobre los servicios públicos crece y la convivencia entre vecinos y turistas se vuelve más tensa.

La sostenibilidad del turismo rural pasa, necesariamente, por una reflexión colectiva: si el turismo es un bien común, sus costes también deben distribuirse con justicia. 

La solución no es prohibir, sino regular y exigir corresponsabilidad a quienes se benefician económicamente de este fenómeno. Lo contrario solo lleva a la degradación del entorno, el agotamiento de los servicios públicos y la frustración ciudadana.