Plataforma Brihuega 17/07/2026
Medios de prensa provinciales han publicado que una comisión judicial se presentó en el Hotel Balneario de Brihuega para ejecutar la sentencia que obliga a devolver a sus propietarios, según esta sentencia, una parte de los jardines de la Real Fábrica de Paños.
Técnicos y el arquitecto municipal supervisaron la medición y delimitación de los 879 metros cuadrados afectados, cerca del 22% de la superficie total utilizada hasta ahora por el establecimiento mediante un contrato con el Ayuntamiento briocense.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha concluyó que Alcarria Termal, concesionaria del edificio, no disponía de título suficiente para ocupar ese espacio. La resolución señala que el Ayuntamiento incluyó en la concesión una superficie que no era de su propiedad y que, por tanto, tampoco podía ofrecer para su explotación hotelera.
El conflicto se remonta a 2020, cuando el Consistorio incorporó y valló esta parte del jardín sin autorización de sus propietarios. Tras varios años de litigios, la sentencia firme ordenó restituir la posesión del terreno y fijó el lanzamiento para el 15 de julio de 2026. El auto contemplaba incluso la intervención de la fuerza pública y de un cerrajero en caso de incumplimiento.
A partir de ahora, el Ayuntamiento y la familia propietaria dispondrán de zonas diferenciadas dentro de los jardines. Al tratarse de un Bien de Interés Cultural, cualquier actuación de mantenimiento o conservación deberá contar con la aprobación de Patrimonio de la Junta de Castilla-La Mancha. La Consejería de Educación y Cultura ya advirtió de que la división de la propiedad podría afectar a la integridad del conjunto protegido.
Según apuntan estas informaciones, la devolución plantea dudas sobre el funcionamiento del hotel. Durante la reforma se habilitaron habitaciones y una salida de emergencia hacia la zona ahora restituida. La empresa ha clausurado esa salida, mientras continúa sin concretarse el futuro uso del terreno.
Otra cuestión pendiente es el coste de los recursos judiciales emprendidos por el Ayuntamiento de Brihuega desde 2021. La oposición municipal ha solicitado conocer su impacto en las arcas públicas y se ha recurrido al Defensor del Pueblo, sin que se haya facilitado una cifra oficial. Fuentes jurídicas estiman que el proceso podría haber supuesto varios cientos de miles de euros.