Plataforma Brihuega 04/08/2026
Las terrazas de bares y restaurantes se han convertido en una imagen habitual de calles y plazas. Su expansión se aceleró durante la pandemia, cuando ocupar el exterior permitió a muchos negocios mantener la actividad y cumplir las restricciones sanitarias. Aquella medida excepcional, sin embargo, vino para quedarse y consolidó un modelo que obliga a preguntarse hasta qué punto puede destinarse el espacio común al beneficio privado.
No se trata de cuestionar la hostelería ni de ignorar su importancia. En numerosos municipios, especialmente en los más pequeños o afectados por la despoblación, el turismo representa la única salida económica. Bares, restaurantes y alojamientos generan empleo, atraen visitantes, sostienen otros comercios y ayudan a mantener vivos los pueblos. Las terrazas, además, forman parte de nuestra cultura social y dan ambiente a las calles.
Pero reconocer esa realidad no significa que el uso del espacio público deba regalarse. Plazas, aceras y calles pertenecen a todos, y su ocupación por una empresa debe someterse a tasas proporcionadas, límites claros y controles efectivos. Resulta difícil justificar que un establecimiento pague una cantidad mínima por varios metros cuadrados de suelo urbano cuando alquilar una superficie equivalente en un local privado tendría un coste muy superior.
El problema aparece cuando una autorización pensada como complemento termina convirtiendo una acera en un comedor particular. Mesas, sillas, sombrillas, estufas, jardineras, separadores y cerramientos pueden reducir el paso hasta crear carreras de obstáculos. Las consecuencias afectan especialmente a personas mayores, usuarios de sillas de ruedas, familias con carritos y vecinos que simplemente quieren caminar sin sortear mobiliario.
La solución no pasa por eliminar las terrazas, sino por encontrar un equilibrio. Los ayuntamientos deben valorar el beneficio económico de cada negocio, garantizar una anchura suficiente para el tránsito, limitar el ruido y evitar ocupaciones abusivas. También conviene revisar las tasas para que reflejen mejor el valor real del suelo utilizado, atendiendo a las circunstancias de cada municipio y a la dependencia que muchos tienen del turismo.
Apoyar a la hostelería y proteger la economía local es necesario, pero no puede hacerse a costa de convertir el patrimonio común en una ampliación casi gratuita de negocios privados. El espacio público debe seguir siendo un lugar de convivencia accesible para todos, consuman o no.